Casi 2 millones de chilenos que portan alguna discapacidad serían beneficiarios de la nueva Ley 20.422, promulgada recientemente por la presidente Michelle Bachelet. Sin embargo los principales colectivos sostienen que el país está muy atrasado a la hora de concretar un ideal de integración.
Alejandro Hernández, presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, criticó y reprobó el desempeño del país en materia de apoyos, al declarar que “más allá de las buenas intenciones, Chile está lejos de integrar socialmente a las personas con discapacidad”. Desde una visión opuesta, como si de dos países distintos se tratara, Bachelet aseguró que el desarrollo de las políticas sociales ha sido el centro de su gobierno y que todos los chilenos cuentan con “derecho a tener acceso a las mismas oportunidades, sin importar la etnia, edad, condición física, económica o el lugar donde se nace”. Por su parte Hernández confrontó claramente con esta percepción al afirmar que “la primera y más grave discapacidad social de la actualidad es la falta de acceso a la salud y rehabilitación como derecho constitucional adquirido, por parte de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Este derecho debiera estar cubierto por el Estado, a través de los hospitales y centros médicos de salud públicos y privados”.
